CASO LA POMA

QUE OCURRIO?

En la tarde del 17 de junio de 1996, se produjo un enfrentamiento entre agentes de la PM y un grupo de atracadores en la panadería La Poma. La primera versión oficial arrojó como saldo un total de 4 muertes: la de la agente Charito Martínez y la de los 3 asaltantes. Luego, un canal de televisión divulgó las imágenes de dos asaltantes (Johnny Calderón y Carlos Perdomo) al momento de ser capturados e introducidos en los vehículos policiales completamente ilesos.

Según el informe, los dos fueron ejecutados después de su captura por la muerte de la agente. Una de las víctimas, presentó además hematomas y quemaduras en los dedos, evidencias de torturas. Días más tarde, se les dictó a 7 funcionarios de la PM auto de detención por homicidio calificado y uso indebido de armas. En septiembre, el juez 15 penal, Arnoldo Echegaray, revocó los autos de detención a todos los efectivos, alegando insuficiencia de pruebas.

Se consideran violaciones al derecho a la vida

aquellas muertes que se producen cuando la víctima estuviese desarmada. También, cuando el funcionario haya hecho uso de su arma para fines privados fuera de su horario de servicio, o cuando las versiones oficiales de enfrentamiento, intento de fuga, defensa propia, resistencia al arresto y otras, aducidas por funcionarios policiales y militares, sean desmentidas por familiares o testigos. Asímismo, es una violación a ese derecho cuando los familiares u otras personas vinculadas a la víctima soliciten una investigación independiente, poniendo en duda la versión oficial. Tanto los abogados, como fiscales y defensores de derechos humanos consultados, coinciden en que la mayor parte de los delitos no son castigados porque los cuerpos policiales gozan de impunidad, por el simple hecho de ser funcionarios públicos. Aunque algunos expertos admiten que la piedra de tranca para enjuiciar a los efectivos implicados en delitos está en el proceso de averiguación (nudo hecho), y otros señalan que se encuentra en los tribunales, todos proponen como solución la pronta reforma del sistema judicial y penal venezolano. Los representantes de Amnistía Internacional presentaron un informe al Gobierno en julio del año pasado donde se mostraban casos concretos de violación al derecho a la vida por parte de cuerpos policiales, y se denunciaba el hecho de que los culpables nunca fueron castigados. El Gobierno en ese momento no respondió la denuncia.